Tratando de ser coherente con mi forma
de apreciar las cosas, y partiendo de la premisa metodológica según
la cual la perspectiva que se llega a tener de un objeto de estudio
estará influida por el lugar o la posicion desde la cual se observe,
me permitiré dar una mirada a la situación de la toma del rectorado
de la UDO, ya que la misma ha afectado un interés personal, como es
la suspensión de las actividades del doctorado en Estudios Sociales
del cual soy cursante.
Sin entrar en detalles sobre la
continuidad de algunas labores en la UDO Sucre, así como en los
núcleos de Anzoátegui, Bolívar (hasta con acto de grado), Monagas
y Nueva Esparta, si es que ello implicara solidaridad o rechazo para
con la toma o para con las autoridades de la UDO, quiero centrar la
atención en la naturaleza política de la acción de protesta de los
tomistas, por cuanto en ese plano percibo, desde donde puedo
observar, mentiras y medias verdades que oscurecen el acontecimiento.
Es incontrovertible que los servicios
de la UDO presentan un avanzado estado de deterioro y fallas que
afectan medularmente el funcionamiento de la universidad y por ende
la calidad de su labor, como incontrovertible es que lo mismo ocurre
a escala nacional con el funcionamiento de la República. Con base
en las competencias de cada autoridad no debería haber dudas de que
en el caso de la UDO la responsabilidad inmediata recae en el
Rectorado, principalmente en la rectora, como tampoco las hay de que
para el caso de la nación la responsabilidad principal recae en el
Presidente Maduro.
Menciono estos dos niveles porque vi
unas declaraciones televisadas de la Rectora Milena Bravo, en las que
reconocía casi todos los aspectos del argumento de los tomistas del
rectorado, sólo que ubicaba la responsabilidad en el Gobierno
Nacional, según ella, porque el gobierno no le manda los recursos.
Curiosamente, la rectora escoge una linea de justificación que en mi
opinión se asemeja al argumento del Gobierno Bolivariano, al señalar
como principal causante del deterioro de los servicios públicos
nacionales, el bloqueo que a ciencia cierta practica el Gobierno de
los Estado Unidos contra la nación venezolana, con la diferencia que
en el caso del Gobierno hay elementos de prueba que confirman la
existencia real del bloqueo y las sanciones, como que en SITGO hay
una Junta Directiva impuesta por la connivencia Guaidó-Trump, Oro de
las reservas Venezolanas bloqueadas por bancos europeos y
norteamericano, miles de millones de dólares y euros en el limbo de
transacciones bancarias internacionales que fueron interrumpidas,
personas sin poder atenderse en un hospital oncológico de Italia
porque Venezuela no puede procesar el pago mediante la banca
internacional aun teniendo el dinero, entre otras tantas cosas que se
sienten en el día a día venezolano. Entonces ¿por qué la Rectora
considera que para ella si es válida una justificación que ella
misma no admite como válida para el Gobierno?
En esencia el argumento de la Rectora
es que ella no es eficiente en el cumplimiento de sus
responsabilidades porque Maduro no la deja, al negarle los recursos
que le corresponden a la Universidad, misma que según una de las
aristas de la autonomía universitaria debería tener capacidades
creadas en las décadas que lleva de funcionamiento para
autogeneración de recursos (autonomía financiera) mediante los
resultados de la investigación aplicada, entre otras. Es curioso
que la rectora, que en reiteradas ocasiones ha manifestado que el
presidente Maduro debía renunciar dada la imposibilidad de dar
respuestas a muchas de sus responsabilidades, sin importar las causas
de esa imposibilidad, no considere válido también para ella el
mismo razonamiento y coherentemente con ello, presente su renuncia,
en apego a la máxima popular: “Lo que es bueno para el pavo es
bueno para la pava”.
¡Y vino la toma del rectorado! No ha
faltado quien diga, desde otro ángulo de visión, que detrás del
mismo lo que hay es la intención de forzar o justificar la salida de
la Rectora, dada su posición política, por demás conocida, contra
el Gobierno Nacional, negando con ello toda legitimidad a la acción
de protesta que un grupo de estudiantes y algunos ex-estudiantes
protagonizan en el rectorado. Como ya vimos, los motivos expuestos
por los tomistas efectivamente existen, tal como lo puede confirmar
cualquier udista activo, y como lo admitió la propia rectora de
manera púbica a través de medios de comunicación nacionales y
regionales.
Como también vimos, la responsable
directa de dar respuestas sobre tales situaciones corresponde a la
Rectora Milena Bravo, por lo que hay una legitimidad de origen de las
razones expuestas por los estudiantes protestantes, y pertinencia
respecto de la instancia hacia la cual se dirige la protesta, como lo
es el rectorado, amén de la vía de hecho utilizada que implica la
toma física de dichas instalaciones, con los pro y los contra que
trae consigo tanto para los protagonistas de la acción como para la
comunidad universitaria. Y valga aquí hacer notar que no está en
la intención del grupo de estudiantes causar una suspensión de
actividades, mas allá de las del Rectorado I, puesto que a
diferencia de otro tipo de protestas en las que se toman las
instalaciones donde se realiza la actividad docente, esta toma solo
afecta una dependencia exclusivamente administrativa, al punto que,
como vimos, hay actividades tanto en el núcleo de Sucre como en los
de otros estados. No obstante, los intentos de deslegitimar esa
acción han ido desde la difusión de falsas noticias de
“desvalijamiento”, “robo”, “violencia de colectivos de la
Gobernación y la Alcaldía”, hasta la atribución de exclusivos
objetivos políticos; sobre esto último quiero enfatizar, sin querer
aparentar inocencia.
El 23 de enero ocurrió en el país un
hecho político de gran importancia, en el cual un Diputado, actuando
en nombre de un Poder Público declarado en desacato contra los otros
cuatro poderes del Estado, se auto-proclamó, fuera de toda norma,
Presidente de la República (y al mismo tiempo de la Asamblea
Nacional) y desde entonces ha promovido acciones nacionales e
internacionales contrarias a nuestro ordenamiento jurídico, a la
soberanía de nuestro territorio y a los intereses económicos y
sociales de la nación, hechos estos avalados y apoyados por la
Rectora de la UDO, Milena Bravo, quien no se limitó a dar
reconocimiento político a la auto-proclamación sino que mediante
actos formales, nulos por cierto, puso junto al consejo
universitario, a toda la universidad en una situación en la cual la
UDO desconoce a los poderes constituidos, alineándola con el único
poder en desacato y, más allá, con los fines políticos
públicamente declarados por una potencia extranjera. ¿o no lo hizo?
En tal virtud ¿como podría alguien
decir que no es legitimo para el chavismo buscar la salida de Milena
Bravo como rectora de la UDO, además usando contra ella los mismos
métodos que ella avala contra el Gobierno? ¿no avaló la rectora
Bravo el intento de ingreso por la fuerza, de personal y carga desde
territorio colombiano a suelo venezolano? ¿como podría alguien en
su defensa decir que no es válido que intereses extra-universitarios
actúen de manera similar contra la UDO, tomando en cuenta la
situación jurídica comprometida de dicha universidad producto de
decisiones del consejo universitario? ¿si la rectora avaló una
auto-proclamación presidencial fuera de toda norma, podría alguien
solidarizado con ella cuestionar una auto-proclamación rectoral
dirigida a sacarla del juego? ¿si la rectora a fijado posición en
torno a que el bloqueo y las sanciones gringas contra la nación
cesen cuando salga Maduro, podría alguien cuestionar que el chavismo
le aplique la misma receta y declare que hasta que salga Bravo de la
UDO no cesará la toma y no habrá recursos? Y no es que crea yo que
la forma de sancionar a una autoridad que se ponga al margen de la
ley sea organizar una toma y usarla como excusa, pero tengo claro que
las acciones políticas provocan reacciones políticas y en esta
situación comentada hay pocos inocentes políticos.
