El adjetivo parcial cumple aquí
la triple función de especificar, en primer lugar, que el informe
oral presentado el miércoles 20 del corriente mes de marzo por la
Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle
Bachelet, es solo una parte del informe completo que presentaría en
junio de este año ante el Consejo de Derechos Humanos, de acuerdo al
protocolo vigente de la ONU, así como de la Actualización Oral
Anual sobre la situación de los DDHH en el mundo, que debe presentar
en septiembre; en segundo lugar, que el referido informe solo recoge
parte de los acontecimientos mientras que omite, intencionadamente
otras partes de los mismos, lo que ofrece apenas una visión parcial
de la realidad venezolana en cuanto a la situación de los DDHH; y en
tercer lugar, que la propia Bachelet toma parte, es decir toma
partido o se parcializa por uno de los bandos que protagonizan el
conflicto venezolano tanto en su dimensión internacional como en su
dimensión nacional. Con base, pues, en esas tres esferas de
parcialidad expondré las siguientes consideraciones, destinadas a
visibilizar otras partes que puedan ayudar a completar el panorama
parcialmente mostrado por la Alta Comisionada Bachelet.
1. La Parcialidad de Bachelet en
cuanto a su carácter preliminar
Como quedó apuntado más arriba,
de acuerdo con los protocolos vigentes del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU, en junio de 2019 la Alta Comisionada deberá
presentar el informe completo sobre la situación venezolana y en
septiembre de este mismo año, el informe de Actualización Oral
sobre la Situación planetaria de los Derechos Humanos. En este
sentido, el informe que acaba de presentar sobre Venezuela el
miércoles 20 del corriente mes de marzo es parcial, o preliminar,
con respecto a aquellos dos. En relación al informe parcial sobre
Venezuela llama la atención que la tarea parece haber comenzado
tempranamente por parte de Bachelet ya que desde su Twitter, semanas
antes se emitían como opiniones lo que luego fueron “conclusiones”
de su informe.
Por ejemplo, el 24 de febrero, a
propósito de la situación del día previo en la frontera entre
Venezuela y Colombia, mediante redes sociales declaraba: "El
Gobierno venezolano debe obligar a los cuerpos de seguridad a dejar
de emplear el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes
desarmados y ciudadanos comunes”
lo cual coincide con el criterio sobre “criminalización de la
protesta” contenido en su informe, aunque en esta particular caso
centenares de videos y hasta un trabajo especial de The
New York Times
demuestran que no se trataba de manifestantes desarmados sino de
manifestantes violentos que portaban artefactos explosivos e
incendiarios, que desde territorio extranjero, pues debe recordarse
que dicha manifestación se hizo del lado colombiano, intentaban
ingresar (invadir) a suelo venezolano y al no lograrlo quemaron ellos
mismos el contenido de los camiones que intentaban introducir a
territorio nacional, así como que no se trataba de ciudadanos
comunes, al menos no en su totalidad, ya que buena parte eran
ciudadanos colombianos, incluso delincuentes, tal como lo
reconocieran algunos de los entrevistados. No olvido la frase de uno
de ellos cuando aclaró que venía desde Medellín, que era una rata
sin futuro pero acompañaba la protesta para que los venezolanos si
tuvieran futuro, y cerró diciendo “¡claro!, soy 100 % colombiano
y 1000 % venezolano”.
Por
cierto, trabajos periodísticos de corte antichavista, como uno de El
Nuevo Diario,
reseñan como balance la cantidad de veinte (20) heridos, durante esa
jornada de protestas en Ureña, de los cuales solo tres son por
perdigones, uno en el ojo y dos en la espalda, mientras que los demás
son por piedras, valga decir que algunos de ellos estaban respaldando
al gobierno y fueron heridos por parte de los manifestantes; no se
reseñan muertos.
Ahora
bien, según la mayoría de los testimonios accesibles, la Guardia
Nacional Venezolana usó gas lacrimógeno, proyectiles de caucho y
perdigones, todos lo cual es de uso legal no solo en Venezuela sino
en todo el mundo para el control del orden público, de manera
proporcional a la escala del desorden que se presente. El asunto
estriba entonces en estimar la proporción adecuada para el uso de la
fuerza. Para Michelle Bachelet, con la sola información que le
ofrecían los medios de comunicación para el 24 de febrero, le
resultó suficiente para sentenciar que los cuerpos de seguridad
venezolana estaban haciendo “uso excesivo”, de donde se entiende
que según ella no se estaba haciendo el uso balanceado (apropiado,
legítimo) con respecto al desorden que se presentó.
Cabe
la pregunta ¿cuál es el uso proporcional de la fuerza que
corresponde a un intento de introducir material desconocido en un
país, sin la autorización del gobierno del mismo, por parte de un
grupo de personas encapuchadas, armadas de piedras, artefactos
explosivos e incendiarios? Estimo que la aspiración de la Alta
Comisionada era que el Gobierno Venezolano permitiera la vulneración
del territorio nacional por parte de los manifestantes, por eso su
rechazo a priori de cualquier acción defensiva del gobierno, del
mismo modo que estimo que el uso de la fuerza por parte del Estado
venezolano fue proporcional, tal como lo demuestra el propio balance,
por lo que el adelanto por casi un mes del informe por parte de la
funcionaria de la ONU califica apenas como una opinión personal tan
válida, o quizás menos por su distancia respecto a los
acontecimientos, como la de quienes afirmamos que las acciones del
gobierno se manejaron dentro de los parámetros legales nacionales e
internacionales.
La
coincidencia casi textual entre la opinión apresurada y basada
apenas en las reseñas de la prensa antichavista del 24 de febrero, y
las “conclusiones” de su informe parcial señalan que muy
probablemente las partes fundamentales del mismo hayan estado
pre-elaboradas. Y la coincidencia sustancial entre los “hallazgos”
del “equipo” de Bachelet y las posiciones políticas que han
venido asumiendo un conjunto de ONGs financiadas por los EEUU,
presididas por connotados dirigentes de la oposición venezolana como
Liliana Ortega (COFAVIC), Rafael Uscátegui (PROVEA), entre otros,
señalan la alta probabilidad de que las partes del pre-informe de
Bachelet hayan sido elaboradas por un “equipo” distinto al
“equipo de su oficina” del Alto Comisionado de los DDHH de la
ONU.
En
tal sentido, aunque la promesa de Bachelet de entregar el informe
completo en junio de este año ha sido vista con esperanzas por
algunas organizaciones y personalidades vinculadas a la defensa de
los DDHH del
ámbito internacional, de que se trate de un informe real e imparcial
creo que es ingenuo aguardar, dadas las presiones evidentes y el
apuro de ciertos sectores internacionales de acelerar lo que
califican como el “cese de la usurpación”, que el todo no se
parezca a la parte, es decir, que el informe definitivo no tenga las
mismas características tendenciosas del parcial informe en cuestión.
Como primera conclusión general del presente trabajo puedo
adelantar que no tengo dudas de que el informe final será aún más
políticamente parcializado que el preliminar, sobre todo si éste no
cumple su objeto de servir de base suficiente para provocar las
acciones multilaterales que aspira el gobierno norteamericano para
derrocar al presidente Maduro.
De
lo que sí tengo dudas es de que el resto del Informe de
Actualización Oral sobre la Situación de Derechos Humanos en el
Mundo, a ser presentado en septiembre, pre-ocupe (es decir se ocupe
adelantadamente) de la misma forma a la Alta Comisionada, puesto que
buscando en su twitter evidencias de la misma vehemencia respecto de
casos evidentes de violación de Derechos Humanos como, por ejemplo,
el caso de los 13.000 niños migrantes latinoamericanos detenidos y
separados de sus familias (Artículos 3, 5 y 9 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos), cosa por cierto admitida por el
gobierno norteamericano, y por la cual nadie le pide a Bachelet que
visite para constatar por sí misma, ni ella ordena investigación
especial.
Sobre
el mismo tema de las migraciones, no se percibe la misma
pre-ocpuación en relación a los 2.242 migrantes que murieron en el
mediterráneo en 2018, los 1.386 que murieron en África y los 512
que murieron cruzando la frontera de México con Estados unidos, éste
caso el más grave de todos porque una parte sustancial de las
muertes las produce sistemáticamente la policía fronteriza
norteamericana u ocurren bajo la custodia de las autoridades
fronterizas (niños y niñas incluidas). Es importante mencionar que
la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) establece en
sus Artículos 13 y 14 los derechos de toda persona a salir de
cualquier país, así como buscar asilo y disfrutarlo en cualquier
país, por lo que el hecho de que se pongan trabas en Europa y
Norteamérica al ejercicio de dichos derechos, a raíz de las cuales
mueren anualmente mas de 4.000 personas es violatorio de los DDHH por
parte de los países que imponen esas trabas.
En
2018, el ejército israelí disparó contra 9.200 palestinos,
desarmados la mayoría y algunos armados con piedras, de lo cual han
resultado 183 asesinatos, 35 de ellos niños (Artículos 2 y 3 de la
DUDH) y Bachelet le pide moderación a todas las partes, incluida la
parte palestina masacrada e indefensa. El twitter de Bachelet no se
activa ante cada asesinato de un niño palestino, y no considera
enviar “un equipo de su oficina” a realizar investigación
alguna. Esa es una situación de décadas y la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU, si bien ha enviado comisiones de investigación,
hasta ahora no se ha llevado a la Corte Penal Internacional a ninguna
autoridad Israelí por estos sistemáticos crímenes de guerra, que
pocos se atreven a negar.
Recientemente
Mike Pompeo,
alto representante del Gobierno Norteamericano anunció que EEUU
sancionará a jueces y a cualquier empleado de la Corte Penal
Internacional que se involucre en cualquier investigación a personal
norteamericano por casos de tortura (Artículo 3 de la DUDH) en
Afganistán o en cualquier otro lugar del mundo, ampliamente
difundidos y documentados; pero no vimos en el Twitter ni el “equipo
de la oficina” de Bachelet un pronunciamiento sobre esta acción
norteamericana que atenta claramente contra los DDHH. Cabe mencionar
que producto de tal medida ya renunció un Juez de CPI que había
participado en una investigación sobre torturas en Afganistán.
En
Francia la represión violenta contra el movimiento de los chalecos
amarillos
ha dejado mas de 20 fallecidos, y mas de 2.000 heridos entre los
manifestantes, así como 8.000 detenciones con 1.800 sentencias. El
mero hecho de llevar gafas de seguridad o de poseer solución salina
(que se puede utilizar para tratar los efectos de los gases
lacrimógenos) es suficiente para poner a alguien bajo custodia. El
Sindicato de Abogados de Francia (SAF) ha denunciado la ausencia
sistemática de informes policiales adecuados. Algunas de las razones
de las condenas son “por participar en un grupo de preparación
para la violencia y la destrucción”, todo por reclamar que no
suban los combustibles, recuperar el poder adquisitivo perdido,
recuperar los servicios públicos perdidos en la Francia periférica
que no tiene las ventajas de París y las grandes ciudades, según
reseña la agencia ABC de España. En este caso la Alta comisionada,
muy respetuosamente le solicitó al propio gobierno Francés “que
abra una investigación sobre las denuncias de supuesto uso excesivo
de la fuerza” al
tiempo que lo animó
“a continuar el diálogo, incluyendo un seguimiento al gran debate
nacional que actualmente está teniendo lugar”.
No se si salte a la vista la
diferencia entre lo que dice de Venezuela ante un evento de un día,
en el que no hubo 20 muertos ni 2.000 heridos ni 8.000 detenciones ni
1.800 sentencias “por participar en un grupo de preparación para
la violencia y la destrucción” y lo que dice de Francia a
propósito de una situación que viene ocurriendo semana tras semana,
pero lo reitero ¿Qué dice de Venezuela?: sentencia que "El
Gobierno venezolano debe obligar a los cuerpos de seguridad a dejar
de emplear el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes
desarmados y ciudadanos comunes”,
o sea que da por hecho, sin esperar las denuncias, que hubo uso
excesivo de la fuerza por lo que ordena al gobierno venezolano que
obligue a los cuerpos de seguridad a no hacerlo más. ¿Qué dice de
Francia, donde si hay denuncias formales?: urgió al gobierno de
Francia “a
llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre las denuncias de
excesivo uso de la fuerza en las protestas de los chalecos
amarillos”,
o sea que no da por sentado el uso excesivo de la fuerza sino que
invita a investigar (no ordena al gobierno de Francia) si los 20
muertos y 2000 heridos ocurrieron por causas naturales o de verdad
son ciertas las denuncias, y guarda mucha compostura al decir que el
supuesto uso excesivo de la fuerza habría sido “en las protestas
de los chalecos amarillos” en lugar de contra
los chalecos amarillos,
y mucha más prudencia al no asumir que los chalecos amarillos son
“manifestantes desarmados y ciudadanos comunes”, como lo dijo en
referencia a Venezuela.
Ni
qué decir de las innumerables denuncias sobre violación de Derechos
Humanos en Colombia, incluidos los desplazamientos de campesinos,
ejecuciones extrajudiciales, el asesinato sistemático de líderes
sociales colombianos a manos de paramilitares amparados por el
Estado, las violaciones por soldados norteamericanos a nacionales
colombianas, nada de eso inquieta el usuario de twitter de Bachelet
ni del “equipo de su oficina”. ¿Qué vimos de Bachelet sobre la
desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal Isidro
Burgos de Ayotzinapa? Nada o casi nada; sólo cuando el nuevo
presidente mexicano creó una comisión para realizar una verdadera
investigación, se declaró a favor. No considera la Alta
Comisionada ni consideró nunca emitir un Twitter o enviar un “equipo
de su oficina”, a pesar de que los padres de las víctimas hicieron
la denuncia formal ante la Comisión de los DDHH de la ONU en
Ginebra.
El propio Chile fue denunciado
por el Comité de Derechos del Niños de la ONU en julio de 2018 por
“la escandalosa
situación en la que viven cerca de 150.000 niños que
se encuentran en centros del Sename, residencias de acogida
secundarias o programas de protección”,
destacando “graves
negligencias (…), abuso
sexual, torturas y tratos crueles e inhumanos”,
así como
que entre 2005 y 2016, 210
menores murieron en residencias del Sename, tiempo durante el cual la
propia Bachelet y el paladín de los DDHH Sebastián Piñera se han
alternado en la presidencia de aquel país. No veremos desde el
Twitter de la Alta Comisionada ni de sus equipos una pre-ocupación
tan vehemente como la observada ante el caso venezolano.
En el mismo Chile desde el primer
mandato de Sebastián Piñera (2010-2014), pasando por el segundo
mandato de Bachelet hasta la fecha (transcurre el segundo mandato de
Piñera) se vienen dando protestas estudiantiles en reclamo de
educación gratuita, de calidad y no sexista, y en los tres periodos
de gobierno referidos las protestas estudiantiles han sido
violentamente reprimidas tanto por Piñera como por Bachelet,
causando muertes entre los estudiantes protestantes, tales los casos
de Miguel Gutiérrez (2011), Ángelo Estrada (2012), así como Diego
Guzmán y Exequiel Borbarán (2015). La más reciente represión
violenta contra protestas estudiantiles en reclamo del derecho a la
educación se reportan de mayo de 2018, cuando una marcha pacífica
autorizada por las avenidas Cardenal Caro y Ricoleta, se desvió
tomando la Avenida Alameda, razón suficiente para que los
carabineros la dispersaran violentamente, usando gases lacrimógenos,
proyectiles de caucho y bastones, nada muy diferente del equipamiento
usado por la GNB, pero para la Alta Comisionada en casos así el uso
de la fuerza nos es excesivo.
En
ese mismo Chile de Bachelet y de Piñera hay un pueblo indígena
originario de la Araucanía que defiende su derecho ancestral a
ocupar la tierra legada por sus ancestros como asiento de su cultura
y, en consecuencia, realiza protestas cada vez que el Estado Chileno
toma decisiones que vulneran su presencia en dicho territorio y
atentan contra su cultura autóctona, las cuales han sido reprimidas,
judicializadas y más recientemente perseguidas con políticas
calificables de genocidas. Tal es el caso que desde el propios 2006
durante el primer mandato de Bachelet hasta ahora, hay todo un
historial de violaciones a los DDHH de los Mapuches, similares a las
que ahora Bachelet le endilga al gobierno del Presidente Maduro. La
más reciente innovación dentro de esa política represiva fue la
creación, ordenada por Bachelet durante su segundo mandato pero
inaugurad por Piñera en su actual periodo, del Comando Jungla de la
Policía Militarizada, por cierto entrenado en Colombia, a través
del cual se aplica actualmente una política terrorista y genocida
contra los Mapuches, según denuncian los investigadores Reinaldo
Mariqueo, Flor Calfunao Paillalef y Pedro Arenas Rincón,
a través del portal POLITIKA.
Basten
estos ejemplos para sustentar la segunda conclusión de este ensayo,
a saber, que la Actualización Oral del informe sobre la situación
mundial de los Derechos Humanos tendrá mucho sobre Venezuela y poco
sobre otros países donde se viola sistemática e impunemente los
DDHH, porque así está dictaminado por quienes marcan la pauta
mundial sobre el funcionamiento de esos organismos multilaterales, y
porque quienes tienen la responsabilidad de investigar sobre el tema,
según se demuestra, tienen más compromisos con esos poderes
fácticos que con los DDHH.
2.
La parcialidad de Bachelet al recoger parcialmente los
acontecimientos
Remitiéndome
al Informe Oral de Bachelet, cuya versión escrita disponible en la
página oficial de su Oficina, se trata de 14 párrafos en los que se
alternan 51 declaraciones específicas sobre Venezuela con
expresiones de preocupación por parte de la funcionaria, cada uno de
los cuales paso a analizar. En el primer párrafo indica que la
crisis actual viene teniendo graves repercusiones sobre los derechos
humanos, en general, cosa en la que no es difícil estar de acuerdo,
sobre todo en los términos en que se expresa puesto que sólo se
hace un diagnóstico general sin apuntar causas ni la naturaleza de
las señaladas repercusiones.
Pero
al final de ese primer párrafo declara que la situación en
Venezuela “constituye además un inquietante factor de
desestabilización regional”; lo dice en presente como si estuviera
reportando alguna verdadera y específica situación de
desestabilización de algún país de la región, lo cual no fue ni
señalado ni sustentado en su declaración. Me explico, una
afirmación como esa debería ser sustentada con casos específicos
de al menos un país que este en proceso de desestabilización
política, económica, social o cultural, causada por la situación
venezolana, y que sepamos no hay hasta ahora pérdida de estabilidad
nacional en Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Panamá, Trinidad,
Guyana, o cualquier otro país de la región, a no ser algún que
otro evento aislado más bien propiciado por campañas xenofóbicas y
por incitaciones gubernamentales en algunos países, que no son
propiamente atribuibles a la situación venezolana ni surgen desde
nuestro país.
En
el segundo párrafo informa un acontecimiento real como lo es que un
equipo técnico de su oficina está en Venezuela, lo cual considera
positivo y le da la confianza de que en el futuro tendrá “acceso
constante”. Omitió otro hecho importante y es que fue el propio
presidente Maduro quien la invitó, tal como quedó reseñado por la
propia Bachelet a través de entrevista concedida a CNN en Español
el 26 de noviembre de 2018. He ahí una afirmación fundada y la
manifestación sobre una expectativa optimista basada en ese hecho
real, pero en ese segundo párrafo luego introduce una consideración
de orden metodológica que parece sugerir que su equipo podría no
tener acceso total a las fuentes de información y que podrían darse
represalias contra quienes le aporten testimonios.
En
efecto, reza la declaración: “Es esencial que el equipo tenga
acceso total e irrestricto, y que no se den represalias contra
ninguna persona que se haya entrevistado o haya tratado de
entrevistarse con ellos”, afirmación que si bien es correcta y
aplica como premisa metodológica para cualquier investigación en
cualquier país, no debería aparecer como parte de un informe sobre
hallazgos a menos que se estuviera efectivamente reportando que el
equipo técnico hubiera tenido trabas de alguna de las partes para
realizar su trabajo o que alguna de ellas sufrió represalias por
entrevistarse con el equipo investigador. Me explico; Bachelet no
necesitaba insinuar que podría no haber acceso irrestricto o que
pudieran darse represalias ya que de ser ese el caso en lugar de
insinuarlo lo habría afirmado. Es claro que no tiene razones para
afirmarlo pero necesitaba insinuarlo, lo que a mi parecer reputa de
tendencioso el comentario.
En
el tercer párrafo emite una afirmación evidentemente cierta en
relación al avance del deterioro del acceso a los bienes y servicios
consagrados como derechos humanos, especialmente en los sectores más
vulnerables de la población, pero se decide omitir toda la acción
del Estado Venezolano mediante el diseño y puesta en servicio de
todo un conjunto de políticas públicas dirigidas específicamente a
la atención de esos sectores de la población. Se omite también,
por cierto, saboteos recurrentes y graves sobre los servicios como,
por ejemplo, incendiar galpones del Seguro Social donde se almacenan
medicamentos para la atención de enfermedades crónicas.
Se
menciona en el comentado tercer párrafo como especiales víctimas de
la agravación de la crisis a “los niños, las mujeres embarazadas,
los ancianos y los pueblos indígenas” pero se omite, entre otras
cosas, la creación del programa de Hogares de la Patria, evolución
del anterior programa Madres del Barrio, que ve a la familia como un
todo, cuantitativamente compuesta por todo el núcleo familiar y
cualitativamente incorporando criterios deferenciadores como la
presencia de niñ@s con necesidades especiales, adult@s con
discapacidades, adult@s mayores (referidos en el informe Bachelet
como ancianos), los cuales agregan a la atención que brinda el
Gobierno asignaciones dinerarias adicionales por cada miembro y por
cada condición. Omite Bachelet el hecho, único en Amércia Latina,
por cierto una de las metas del milenio, de que todos los “ancianos”
cuentan con pensión del Seguro Social o de la Misión en Amor Mayor.
Omite la existencia de casas de abrigo para l@s niños y las mujeres
en situación de mayor vulnerabilidad social. Es decir, que omite
una parte importante de los acontecimientos sin la cual es imposible
comprender fortalezas que presenta en Estado y Gobierno Venezolano,
que contribuyen a la estabilidad social y política nacional a pesar
de la grave situación en la que efectivamente estamos.
Al
final del tercer párrafo afirma Bachelet que “las arduas
condiciones de vida obligaron a un número considerable de miembros
de la etnia warao
a cruzar la frontera con Brasil, en busca de alimentos, atención
médica y otros servicios básicos”. Al respecto la única
referencia documentada que encontré a la hora de redactar estas
líneas en un artículo de El
País Internacional, según
la cual un número de entre 177 y 300 venezolanos, de ellos 30 del
pueblo indígena warao, viven en situación de indigencia en
Pacaraima, un municipio de Roraima. En referencia al Artículo
periodístico es importante señalar que de ser correcta la
información, la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos
impone obligaciones al Estado en cual se asila o al cual emigran
ciudadanos de este mundo. En Venezuela del 2004 en adelante nos
ocupamos de dar identidad a decenas de miles de brasileños que
emigraron hacia nuestro país a finales del siglo XX e integrarlos a
la sociedad venezolana, sin hacer de ello un tema político nacional
ni internacional contra el Brasil.
Respecto
a los waraos dos cosas deben decirse; una es que un artículo
periodístico sí bien es un indicio valido para iniciar una
investigación no puede sustituir el papel de la investigación,
sirviendo de única base para la emisión de una conclusión tan
ligera que compromete el futuro inmediato de todo un país. Los
Waraos son un numeroso y extendido pueblo indígena con presencia en
el Sureste del estado Sucre, en la franja Este del estado Monagas
desde el norte hasta el sur, en todo el estado Delta Amacuro y en el
Noreste del estado Bolívar.
La
mayoría de la población Warao vive en sus comunidades ancestrales,
muchas de ellas móviles estacionalmente de acuerdo con el
comportamiento de las aguas de los caños, en condiciones de armonía
con sus respectivos hábitats, si bien en las comunidades más
próximas a la llamada población criolla (jotarao, no indígenas)
han cambiado mucho los patrones de vida producto de dicha cercanía.
Al menos desde la ultima década del siglo pasado y primera del
presente algunas comunidades Warao han sido objeto de abusos por
parte de personas inescrupulosas que los sacan de sus hábitats en
camiones, llevándolos a ciudades para explotarles económicamente
dedicándolos a la mendicidad a cambio de una dotación mínima de
alimentos que ellos procesan a la intemperie para todo el grupo,
aspectos estos que investigué personalmente en el año 2002 a
propósito de migraciones Waraos de las comunidades Mariusa y
Winiquina de Delta Amacuro hasta Maturín en el estado Monagas y
hasta Puerto Ordáz en el estado Bolívar bajo el mismo patrón, el
cual no descartaría en este caso específico.
En
todo caso, de ser de interés de la Alta Comisionada su equipo
técnico debería realizar la investigación o al menos indicar la
fuente de los datos, la cual no debe ser muy confiable toda vez que
señalan que “un número considerable”, es decir que ni siquiera
tienen el aproximado, lo cual reputa de carente de rigor al informe
en cuestión.
El
cuarto párrafo contiene una premisa evidentemente falsa, la cual
forma parte central del discurso de la oposición venezolana para no
evidenciar la principal fuente de causas de la crisis, con la que por
cierto se alinea perfectamente la declaración de Bachelet, como
veremos más adelante, así como una conclusión sólo a medias
verdadera. En efecto, se enuncia en el informe: “Las autoridades
se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis
en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos,
por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes”.
En este caso la premisa es “las autoridades no reconocen las
dimensiones y gravedad de l crisis” y debido a ese no
reconocimiento, la conclusión es “las medidas no han sido
suficientes. Según esa lógica, al reconocer las dimensiones y
gravedad, las medidas que se adopten en consecuencias sí serán
automáticamente suficientes.
Pero
¿a qué se refieren con dimensiones y gravedad de la crisis? Todo
el que viva en Venezuela y escuche de vez en cuando las declaraciones
de sus autoridades, sin la barrera emocional del odio antichavista,
puede dar fe de que desde el años 2010 el presidente Chávez empezó
a hablar de las consecuencias evidentes de la Guerra económica sobre
la vida cotidiana del país. Los que tengan un poquito de memoria o
ganas de investigar un poco verificarán que desde el año 2013 y más
enfáticamente del 2014 en adelante el presidente Maduro ha
identificado los graves daños que nos viene causando la guerra
económica que se dirige desde los EEUU contra Venezuela, lo cual se
agudizó desde 2015 con la infame declaratoria por parte de Obama, de
Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria para USA, acompañada
de las consabidas sanciones financieras y comerciales que tanto daño
hacen. Pero lo que reprocha Bachelet es que no admitamos la
calificación de la situación venezolana como una “Crisis
Humanitaria”, lo cual no es una frase inocente y carente de
consecuencias sino una categoría jurídica internacional en la que
pretenden ampararse para intervenir el país precisamente quienes
encabezan la guerra.
Decía
más arriba que la conclusión es solo parcialmente cierta dado que
efectivamente las medidas del gobierno no han sido suficientes para
impedir que las agresiones norteamericanas afecten la vida diaria de
la población dificultando el pleno acceso a los bienes y servicios
que satisfacen las necesidades consagradas como Derechos, mas sí han
contribuido de manera sistemática y recurrente a ofrecer mecanismos
y opciones para cubrir hasta cierto punto dichas necesidades, es
decir que las medidas del gobierno sí han evitado que se materialice
la intención de los agresores de desestabilizar social y
políticamente la nación a niveles que no puedan ser manejados por
las capacidades del Estado, conduciendo al derrocamiento del mismo,
no del Gobierno sino del Estado establecido en la Constitución de
1999. Si Bachelet reconociera la causa principal de la crisis
entendería que ninguna medida unilateral de las autoridades
venezolanas resultará suficiente para impedir que el imperio
norteamericano nos agreda como unilateralmente sí lo hace.
En
tal sentido Omite la Alta comisionada que el Gobierno Venezolano
mantiene un programa de distribución de alimentos que atiende con
sus bemoles y sus sostenidos, a más de 6 millones de hogares, y
saben ustedes lectores que lo hace sin discriminación, saben
ustedes, sobre todo los de pensamiento antichavista, que muchos de
sus similares en pensamiento incluso son hostiles con el personal que
voluntariamente tiene la misión de hacer la entrega, y a pesar de
eso cada vez que se logra el abastecimiento, una vez al mes en
promedio aproximadamente, el mismo personal, reitera la atención a
cambio de la reiteración de la hostilidad. Del mismo modo se omite
en el Informe los esfuerzos del Estado para la entrega gratuita de
medicamentos a personas con enfermedades crónicas y letales, entre
otras políticas, todas las cuales presentan un importante nivel de
desajustes y fallas pero no han sido suprimidas sino mantenidas.
El
quinto párrafo es sin duda el más tendencioso de todos y el que
demuestra más rotundamente la parcialización de la Alta
comisionada, así como su firme decisión de omitir de este informe,
y de los que vengan, los argumentos e informaciones que suministra el
Gobierno, bien sea de manera directa al equipo de la alta comisionada
o de manera pública a través de los medios de comunicación.
Veamos por parte.
La
primera oración dice: “La reciente interrupción del
abastecimiento de fluido eléctrico que afectó a todo el país ha
agravado esta situación, al reducir aún más el acceso de la
población a los alimentos, el agua y los medicamentos, y también ha
afectado gravemente a los hospitales”, lo cual es cierto, aunque un
evento de 72 horas no representa un corte definitivo en la
circulación de alimentos, medicinas, agua y mercancías en general,
pero además se omite el plan de contingencia implementado por el
gobierno para brindar energía a los principales hospitales del país,
hacia dónde se trasladaban los pacientes que lo ameritaran a fin de
ser atendidos y preservar su vida. Conozco de cerca la efectividad
del plan en el estado Sucre, el cual contempló como centros de
referencia al Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá en
Cumaná y al Hospital Central de Carúpano Santos Anibal Dominicci,
en los cuales funcionaron las plantas eléctricas y todos los
servicios neurálgicos, lo cual pude confirmar por el sencillo hecho
de que una vecina estaba recluida por un coma diabético y pudimos
seguir gracias a la información que nos daba su padre, de que todo
había funcionado bien.
La
segunda oración reza: “Todavía no se conoce todo el alcance de
los daños ni el número de víctimas directas, pero este prolongado
apagón simboliza los problemas de infraestructura que afronta el
país”. Es aquí donde la evidencia de la parcialización destaca
de la forma más patente. Es verdad que todavía se desconoce el
alcance de los daños materiales pero es totalmente falso que se
desconozca el número de víctimas directas; fue cero (0), y sobre
esto invito a la siguiente reflexión.
Durante
la situación eléctrica que recién vivimos voceros de la oposición
hicieron uso especulativo de cifras de fallecidos en hospitales, al
estilo como los presidentes de FEDECÁMARAS y la CTV hacían gala de
las pérdidas financieras del país durante el sabotaje petrolero de
2002-2003, y no se ponían de acuerdo al menos en unas mismas cifras,
lo cual reputa su conducta política necrofílica, pero si analizamos
bien las cifras por ejemplo de la ONG opositora Médicos por la
Salud, reseñada en la página del Diario Las Américas el 11 de
marzo del corriente, la cual indica que la cantidad de fallecidos
durante todo el tiempo del llamado apagón fue de 21 en todo el país,
y la comparamos con las cifras habituales de fallecimientos durante
un fin de semana, resultaría que el Gobierno tuvo éxitos
impresionantes en la reducción de fallecimientos durante el evento
eléctrico ya que otro vocero de la misma ONG señaló, según otro
artículo periodístico publicado el 21 de febrero pasado en la
página del periódico La
Vanguardia,
que las cifras diarias normales de fallecidos en hospitales es de
alrededor de 40, o sea que en tres días del apagón solo fallecieron
la mitad de los que fallecen en un día normal. Entonces, o miente
la oposición con la cifras o el Gobierno se apuntó un contundente
éxito en la contención de los posibles daños que pudo haber
ocasionado el evento eléctrico.
No
deja de llamar la atención que para el caso de los Waraos referido
más arriba la Alta comisionada se haya sustentado en un reporte de
prensa sobre una situación en un distante municipio de Roraima y
para el caso de las víctimas directas del llamado apagón no le
hayan servido las declaraciones oficiales del Gobierno, dado que es
una de las partes que supuestamente nutrirá el informe ni, en su
defecto, las declaraciones de las ONGs opositoras del sector Salud.
Datos había y procedimientos factibles para contrastarlos y
verificarlos, pero la Alta Comisionada prefirió declarar que se
desconocen las cifras.
Lo
otro que resalta de esta oración del quinto párrafo es que sin
conocimiento de causa la funcionaria de DDHH de la ONU decide afirmar
que el “prolongado apagón simboliza los problemas de
infraestructura que afronta el país” asumiendo completamente la
versión de la oposición y omitiendo completamente la versión del
gobierno, en torno al posible sabotaje, a pesar de que voceros del
gobierno norteamericano tanto desde Washington como desde Venezuela
emitieron declaraciones atribuyéndose la facultad para restituir el
servicio si Nicolás Maduro entregaba el Gobierno a Guaidó. Esta es
una postura que se asume sin conocimiento de causas ya que todavía
no están realizadas las experticias necesarias para determinar cómo
se ocasionó el evento; siendo así, lo procedente para un organismo
serio es abstenerse de pronunciarse sobre las causas y solo limitarse
a evidenciar las consecuencias, en espera de que los equipos técnicos
arrojen luces sobre el particular, lo cual reputa el informe de
Bachelet de carente de objetividad. De hecho durante toda la
situación ocurrieron innumerables cortes de guayas, entre otros
saboteos, de los que podemos dar fe muchos venezolanos y muchas
venezolanas de todas partes del país, pero ese hecho objetivo que se
repitió en todo el país indiciando una posible acción nacional
coordinada de sabotaje, intencionalmente no fue recogido por Bachelet
en su informe.
En
una tercera oración del quinto párrafo se asienta: “La escasez de
agua y de gas natural y el colapso del transporte público también
siguen afectando a muchas personas; esta situación, combinada con la
hiperinflación, genera atroces condiciones económicas que han
desencadenado miles de protestas sociales” de lo cual rechazo que
exista escasez de agua y de gas natural y acepto la grave afectación
del transporte público y la hiperinflación, solo que Bachelet omite
el impacto negativo de las restricciones comerciales impuestas sobre
Venezuela en materia de posibilidad de abastecer el mercado nacional
de autorpartes y repuestos, así como los efectos de la manipulación
del sistema cambiario venezolano desde portales con asiento y
protección en los Estado Unidos en la escalada hiperinflacionaria
que aqueja al país.
Al
omitir esos datos ampliamente conocidos y fáciles de verificar, se
invisibiliza el impacto de la acción del gobierno norteamericano
sobre la situación de los DDHH en Venezuela, presentando al Estado
Venezolano como único responsable de dicha situación. Repito, para
dejarlo claro; por supuesto que el Estado Venezolano es el Garante de
los DDHH dentro de Venezuela pero una agresión comercial,
financiera, cambiaria o militar hace recaer en el agresor parte de
las afectaciones sobre la vida de las personas ¿o es que Bashar Al
Asad, presidente de Siria, es responsable por las muertes que causan
las bombas que EEUU e Israel hacen caer sobre el territorio de su
país?, por poner solo un ejemplo.
El sexto párrafo es quizás el
único que contiene una declaración completamente verdadera, ya que
expresa el palpable deterioro progresivo de los servicios de salud y
la reaparición de enfermedades que estaban anteriormente bajo
control, así como la avocación del gobierno nacional a un programa
de vacunación con el apoyo de la Organización Panamericana de la
Salud. En este párrafo la parcialidad se ejerce mediante la omisión
de los esfuerzos gubernamentales por mantener la presencia de
personal médico en las comunidades a través del sistema primario de
atención, esencialmente preventivo, así como la expansión de los
programas de formación de personal de Salud a través del
lanzamiento de la Universidad de las Ciencias de la Salud en todo el
territorio nacional, proyectando a mediano y largo plazo contar con
suficiente recurso humano para atender los programas de salud
preventiva y curativa que se requieren. Se omite también que a
pesar de la crisis y de la emigración de una parte considerable del
personal médico especializado no se ha cerrado ninguno de los
programas que lleva a cabo el Ministerio del Poder Popular para la
Salud, lo cual patenta la clara asunción de sus responsabilidades en
la materia por parte del Estado Venezolano.
El párrafo siete es otro de los
más carentes de objetividad y rigurosidad técnica. Declara
Bachelet: “Según una encuesta reciente, más de un millón de
niños han dejado de asistir a la escuela, la mayoría porque sus
padres no pueden proporcionarles el desayuno, porque los programas de
almuerzo escolar han colapsado, por la escasez de transporte público
a precios asequibles, o por la falta de docentes y personal escolar,
muchos de los cuales han abandonado el país”.
Lo primero que resalta es que
“según una encuesta reciente”, no se sabe a cargo de qué
organismo público o privado, con qué certificación nacional o
internacional para este tipo de estudios, ni con qué metodología y
criterios técnicos de muestreo, de recolección o procesamiento de
datos, es decir una completa irresponsabilidad de parte del equipo de
la Alta Comisionada, basar una conclusión en fuentes tan carentes de
solidez técnica.
Y más allá de eso está la
falsedad de las supuestas causas, toda vez que es mentira que la
mayoría de los padres en Venezuela no puedan proporcionar el
desayuno a sus hijos, es falso que tal cosa como “los programas del
almuerzo escolar” hayan colapsado y es falso que a causa de la
migración del personal docente se haya cerrado una sola aula en todo
el país. Compatriotas; si no somos capaces de precisar nuestra
situación no podremos internalizar que la exageración y el
amarillismo del que no escapan ni los “equipos técnicos” de la
ONU son barreras psicológicas para empezar a transitar las
soluciones consensuadas.
Y es el caso que, objetivamente
hablando la dieta del venezolano promedio se ha visto notablemente
afectada en cantidad y en calidad, pero en reciente encuesta
realizada por mí con criterios técnicos más consistentes que los
expuestos por Bachelet, entre mis 53 estudiantes del la UCS y de la
UDO, así como entre mis compañeros de trabajo en Cumaná, mis
familiares dispersos entre la zona de Paria-Carúpano del Estado
Sucre, Maturín estado Monagas, Juan Griego y Por La Mar estado Nueva
Esparta, Guanta y El Tigre estado Anzoátegui,
Caracas Distrito Capital, Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar estado
Bolívar, y Marcaibo estado Zulia, la totalidad de mis encuestados
está comiendo tres veces al día, y algunos hasta cuatro veces en
algunas ocasiones, aunque reconocen que no con la misma calidad en
referencia al balance kilocalórico de antes de 2014; de ellos
alrededor de 37% señalan que no solo en calidad sino también en
cantidad han disminuido la ingesta aunque manteniendo la frecuencia
de tres veces al día. Mas del 70 % ha señalado que ha habido
momentos más duros que otros, con tendencia a la estabilización los
últimos meses.
Es el caso que, objetivamente
hablando, muchas familias llevan a sus hijos a la escuela
precisamente porque a pesar de la crisis el Sistema de Alimentación
Escolar se ha mantenido, aunque con importantes afectaciones, con al
menos una ingesta al día y con frecuencia hasta dos ingestas,
desayuno y almuerzo. Mi propio hijo estudia en una Escuela
Bolivariana en el casco central de Cumaná y en los últimos dos
meses ha sido sostenido el funcionamiento del programa de
alimentación, la mayoría de los días con una ingesta y en
ocasiones con dos, aunque con serias limitaciones en cuanto a la
proteína de origen animal, y en algunas ocasiones hasta la proteína
de origen vegetal ha faltado, solo aportando el componente energético
a través de carbohidratos. Esa es la verdad; que el sistema de
alimentación escolar esta operando, aunque con importantes fallas de
suministro, y ¡vaya! que para muchas familias es un aporte
apreciable a la alimentación de los hijos. Habría que imaginar
cuánto pudiera mejorar el programa de alimentación escolar si el
gobierno norteamericano retirara toda sanción que entorpezca la
compra internacional de alimentos por parte de Venezuela.
Es el caso que todo el que tiene
un niño o una niña estudiando puede hacer su propia verificación
en el terreno para comprobar que ni una sola de las aulas ha cerrado
o ha quedado vacía por falta de personal docente, obrero y/o
administrativo, de manera que no hace falta argumentar mucho para
demostrar que la afirmación de Bachelet sobre aulas vacías por
migración de docentes carece de sustento.
La única cifra que parece
consistente es la que refiere la reducción de matrícula escolar en
más de un millón de niños y niñas, puesto que es proporcional al
número de más de tres millones de supuestos migrantes venezolanos
que reseña más adelante el mismo informe. En todo caso, es un
hecho que ha habido un creciente flujo de migrantes, muchos de los
cuales se han llevado a sus hijos e hijas en edad escolar, por lo
cual es obvio y lógico que asociado al fenómeno de la migración
proporcionalmente se reduzca la matrícula escolar, ¿o no vemos
frecuentemente en Faccebook e Instagram fotos y comentarios de amigos
y familiares sobre sus hijos e hijas yendo a clases en los países
donde se mudaron? Si fuera cierto que se hizo la reciente encuesta
que menciona Bachelet, entre las causas de disminución de la
matrícula debería aparecer la migración, a no ser que
efectivamente, como se aprecia en la manera tan ambigua e imprecisa
como fue citada, la metodología de muestreo, recolección,
validación y procesamiento de datos no haya sido bien diseñada, o
sea, a menos que se trate de una encuesta chimba.
El octavo párrafo es otro de
esos en los que intencionalmente se omite toda una fuente de causas
de la situación actual y, peor aún, se tergiversa groseramente el
orden cronológico de eventos que son de conocimiento general no sólo
en Venezuela sino en el mundo entero. Dice el informe: “Aunque esta
devastadora crisis social y económica comenzó antes de la
imposición de las primeras sanciones económicas en 2017, me
preocupa que las recientes sanciones sobre las transferencias
financieras derivadas de la venta de petróleo venezolano en los
Estados Unidos puedan contribuir a agravar la situación económica,
con posibles repercusiones sobre los derechos básicos y el bienestar
de la población.
La señora Bachelet está
diciendo que las primeras sanciones datan de 2017, pero que la
“devastadora crisis” comenzó antes, o sea sin que tuvieran nada
que ver las sanciones. No reconoce ni siquiera que las sanciones de
2017 hasta la fecha hayan tenido efectos negativos sobre en la
“devastadora crisis” sino que le “preocupa” que eventualmente
en el futuro las recientes sanciones (o sea las de marzo 2019)
“puedan contribuir
a agravar la situación económica, con posibles
repercusiones
sobre los derechos básicos y el bienestar de la población”. En
otras palabras, los EEUU no han tenido nada que ver en la situación
venezolana y solo probablemente las más recientes sanciones podrían
causar daño, aunque también pueda que no, ya que las anteriores no
han causado ningún daño; eso es lo que dice Bachelet. Y si no
causan ningún daño ¿por qué las aplican?
Sin entrar en detalles sobre la
denuncia que desde el 2010 el Gobierno Bolivariano hace respecto a
las agresiones económicas, comerciales, financieras, cambiarias,
mediáticas, diplomáticas, entre otras, del gobierno norteamericano
contra nuestra nación, hay que aclarar que las primeras sanciones
datan de 2008, aunque la acción sistemática de sancionar a
Venezuela empezó a partir del año 2015, después de la aprobación
en 2014 de una Ley extraterritorial, o sea violatoria del Derecho
Internacional ya que ningún país puede legislar sobre asuntos de
otro país, que usando como cortina de humo la supuesta defensa de
los DDHH en Venezuela, ha servido de justificación seudo-jurídica
para imponer sanciones tras sanciones a nuestro país.
La señora Bachelet no valora
como oficial las innumerables declaraciones de altos representantes
del Gobierno norteamericano sobre la intención con la que se aplican
las sanciones, que no es otra que la de “ahogar” la economía
venezolana para provocar una conmoción social que conduzca a un
“cambio de régimen”. No valora el carácter de política de
Estado del gobierno los EEUU de las doctrinas y manuales vigentes
sobre la política de cambios de régimen y “transición a la
democracia” que aplican el Pentágono y la CIA, en alianza con los
intereses de las empresas transnacionales.
Para que tengamos una idea de
para qué se aplican las sanciones baste como ejemplo la declaración
emitida el 23 de marzo de 2019 (ayer) por John Bolton, asesor de
seguridad nacional del gobierno de USA durante una entrevista
concedida a la cadena Univisión;
dijo: “el objetivo
es llevar esta crisis a una conclusión rápida en beneficio del
pueblo venezolano para lograr que el régimen de Maduro transfiera
pacíficamente el
poder al Gobierno de Guaidó”,
y añadió sobre las sanciones: “su efecto es continuo y
acumulativo (…) Es
como en 'Star Wars', cuando Darth Vader ahorca a alguien, eso es lo
que estamos haciendo económicamente con el régimen”.
Es, por cierto, muy significativo que se identifiquen con ese
personaje de la ficción Hollywoodense que dirigía el brazo armado
de un Imperio que después de acabar con la República, pretendía
controlar todo el universo, bajo el poder oculto de una Federación
de Comercio financista del Golpe contra dicha República. Un poquito
de reflexión debería bastar para que despierten sus conciencias
aquellos que no se han dado cuenta de lo exacto que es el símil con
el que el propio Bolton expone las intenciones de los EEUU contra
Venezuela.
El
noveno párrafo contiene tres declaraciones que trataré
particularizadamente. La primera de ellas reza: “me preocupa
profundamente la reducción del espacio democrático, en particular
la continua criminalización de la protesta y la disidencia
pacíficas”. Ya en la primera parte de este escrito puntualicé
las diferencias entre lo que dice pensar Bachelet cuando se trata de
Venezuela y lo que dice cuando se trata de otros países con eventos
similares y mucho peores de los que supuestamente ocurren en
Venezuela, así como la diferencia entre lo que dice pensar ahora y
lo que hizo cuando administró el poder en dos ocasiones en su país,
contra los estudiantes que reclaman el derecho humano a la educación
o contra los Mapuches que reclaman el derecho a vivir según sus usos
y costumbres en el territorio que ocuparon y ocupan desde antes de la
colonización española, así que la preocupación de la Alta
comisionada es por lo menos sospechosa
de hipócrita.
En
cuanto a lo que afirma, “continua criminalización de la protesta y
la disidencia pacíficas”, resulta una total falsedad. Para
hacernos una idea compárese los 8.000 chalecos amarillos franceses
detenidos, de los cuales 1.800 han recibido condenas por unas
protestas que se hacen una vez cada semana, con las detenciones que
pueda haber en Venezuela motivadas por participación en protestas
violentas, tomando en cuenta que la señora Bachelet habla, en el
párrafo quinto, de “miles de protestas sociales” solo durante el
apagón y luego en el noveno párrafo señala que hay un auge de las
protestas antigubernamentales desde inicios del año.
Aunque
no se aclara de cuantos miles de protestas, es decir si son mas de
mil, mas de dos mil o mas de nueve mil protestas, tomemos la cifra
menor posible y supongamos que desde inicios del año se hubieran
producido en el país mil protestas. Recordemos que Bachelet indicó
que solo a partir del “apagón” se desataron “miles”, o sea
que estoy suponiendo bastante por lo bajo, sobre todo si le creemos a
la ONG opositora Observatorio
Venezolano de Conflictividad Social,
la cual indica solo en enero la cifra de 2.573 protestas
contabilizadas.
Entonces, si en Francia con cerca de 20 semanas de protestas a razón
de al menos 10 lugares diferentes en cada jornada, es decir,
alrededor de 200 protestas, hay 8.000 detenciones conducentes a 1.800
sentencias, ¿cuántas detenciones y sentencias faltarían en
Venezuela, con miles de protestas sólo este año, las cuales no
piden reivindicaciones sociales sino que declaran como objetivos el
derrocamiento del Gobierno, para alcanzar lo ocurrido en Francia?
Pero como sé que al pensamiento opositor le desagrada el análisis
comparativo, a menos que sea para desdeñar de Venezuela, me centraré
en la realidad venezolana.
Dice
Bachelet que en Venezuela se criminaliza la protesta y la disidencia
pacífica, pero siendo cierto como lo es que en Venezuela todos los
días de la vida hay protestas sociales que se expresan en cierres de
vías y carreteras, tomas de instalaciones públicas, intentos de
saqueos, en reclamo de reivindicaciones legítimas como agua, luz y
alimentos, por fallas puntuales de dichos servicios prestados por el
Estado, entre otras razones, todo el que vive en Venezuela conoce que
todas esas protestas son atendidas mediante diálogo y presencia en
el sitio de autoridades que median para la solución de la situación
de que se trate, reduciéndose el
uso de disuasión y represión, como ocurre en cualquier país del
mundo, solo a los casos en que se pasa de la toma pacífica (si bien
ilegal en muchos casos) a la protesta violenta. ¿Quién no ha
tenido que desviar su ruta o pasar algo de tiempo en una vía pública
en espera de que se levante una protesta por algún reclamo? Y todos
y todas sabemos que los líderes de dichas acciones, a pesar de que
es ilegal, por ejemplo, trancar una carretera, por lo que
legítimamente podrían ser judicializados, quedan en perfecta y
absoluta libertad.
Eso
pasa todos los santos días en Venezuela, lo que por sí solo al
menos pone en duda la exactitud de la afirmación de Bachelet. Lo
que sí es una lástima es que Bachelet no haga ni una mención de
los asesinatos, mediante la quema de seres humanos, linchamientos,
tratos crueles propinados por manifestantes opositores contra
ciudadanos por suponer filiación chavista. Esas vidas no merecen la
consideración de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, pues
según se desprende de sus opiniones las vidas de quienes caigan
defendiendo al gobierno al que apoyan, así sean civiles, no son
contabilizables como sujetos de Derechos Humanos. O sea que,
habiendo dos bandos en conflicto, sólo uno, en esta caso la
oposición, tiene derecho a infligir daños físicos al otro, los
cuales sin importar que encuadren en violación del derecho a la vida
(asesinato), y a la dignidad humana con tratos crueles como quemar
viva a una persona o desnudarla y colgarla de un árbol en un espacio
público. Este evidente sesgo, reputa de parcializado el Informe de
la Alta Comisionada.
La
segunda declaración de noveno párrafo reza: “En el contexto del
auge de las protestas antigubernamentales ocurridas en todo el país
en los dos primeros meses de este año, mi Oficina documentó
numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por
las fuerzas de seguridad y los colectivos
armados
progubernamentales, incluyendo el uso excesivo de la fuerza,
asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en
condiciones de detención, así como actos de amenaza e
intimidación”. Solo comentaré la suspicacia que genera que
siendo su propia oficina la fuente de la estadística reseñada no
pueda la Alta Comisionada dar la cifra exacta. ¿O sea su oficina
tiene los casos documentados, por lo que lleva el registro, la
relación, la contabilidad de esos casos y no aporta la cifra exacta?
Si fueran numerosos con seguridad diría la cantidad, y en ese
sentido veo solo tres razones por las cuales no se diga concretamente
la cifra:
1)
que su oficina no tenga un buen protocolo de registro y
sistematización de casos por lo que aún siendo numerosos y estando
documentados, como lo indica el informe tan ambiguamente, la falta de
sistematicidad le impida conocer el dato preciso, lo cual la
descalificaría técnicamente para cualquier investigación y como
fuente de sustento del propio informe. Recuérdese que la ONG
opositora Observatorio
Venezolano de Conflictividad Social,
asegura haber contabilizado 2.573 protestas en enero y dado que
dichas protestas vienen en auge, según pontifica el Informe
Bachelet, tanto en febrero como en marzo dicha cifra debería haber
aumentado, no obstante supongamos un promedio de 2.500 cada mes, y
estaríamos hablando de la nada despreciable cantidad de mas de 7.500
protestas en lo que va de año. Si sólo el 10 % de ellas hubieran
dado ocasión al gobierno para ejercer las prácticas mencionadas en
el informe, las cuales serían suficientes para usar el término
“numerosas” ¿no puede la Alta Comisionada especificar que ha
documentado 750 casos (por poner una cifra)?
2)
que aún estando bien documentados, como lo refiere el informe, sean
pocos, es decir cuantitativamente no significativos por lo cual
incluir la cifra en el informe resulte inconveniente a los fines
políticos de desacreditar el gobierno de Maduro. Imaginemos el poco
impacto que pueda causar en el mundo decir que se han documentado 15
o 30 o 75 (1 % de 7.500) casos de violaciones y abusos. Es cierto que
una vida vale tanto como 750, y las violaciones y abusos contra los
DDHH deben ser castigadas sea que se trate de un caso, de 75, 750 o
7.500, mas de lo que se está hablando es de que internacionalmente
un número tan bajo de casos no representaría una acción
sistemática sino que con frecuencia son tratados como prácticas
aisladas y no como políticas de Estado, por lo que es probable que
de ser cierta esta segunda hipótesis Bachelet haya preferido decir
“numerosas” para no dejar de sacarle provecho político a un
indicio o hallazgo por pequeño que sea.
3)
que sea totalmente falso que su oficina tenga documentados casos de
violación y abusos a los Derechos Humanos y/o simplemente se trate
de denuncias formuladas por las ONGs financiadas por el gobierno
norteamericano, sin mayores elementos de prueba.
Y
la tercera declaración del comentado noveno párrafo es: “Sobre
muchas de estas preocupaciones hemos hecho hincapié en nuestros
comunicados de prensa, y en el informe que presentaremos al Consejo
durante el periodo de sesiones de junio ofreceremos información
detallada al respecto” de lo cual no me cabe duda que es cierto,
tanto que han hecho mucho hincapié mediático sobre las
“preocupaciones” aunque no del sustento de las mismas, como de
que en el informe que presente en junio lo volverá a hacer.
El
décimo párrafo lo citare completo ya que me resulta uno de los que
encierran mayor peligro dentro del plan para derrocar al
presidente Maduro, apoyándose en una eventual intervención
internacional, porque encierra un intento de vincular la lucha contra
el crimen organizado con la represión política y con ello pretender
sustanciar un expediente para denunciar al presidente ante la Corte
Penal Internacional, así como al mismo tiempo maniatar al gobierno
respecto a las políticas de seguridad ciudadana en detrimento de la
población, con el fin de sumar aspectos al descontento social:
“La
Oficina del Alto Comisionado ha seguido investigando las denuncias de
posibles ejecuciones extrajudiciales realizadas por las fuerzas de
seguridad. En 2018, se informó de al menos 205 muertes atribuidas a
las FAES. Otras 37 personas fueron presuntamente asesinadas en enero
de 2019 en Caracas. Al parecer, algunos de estos asesinatos se han
producido según un patrón similar: ocurren durante allanamientos
ilegales de domicilio realizados por las FAES, y posteriormente estos
órganos notifican el fallecimiento como resultado de una
confrontación armada, aunque los testigos declaran que las víctimas
no portaban armamento alguno. En determinados casos, los parientes de
las víctimas denunciaron que la Oficina del Fiscal General se había
negado explícitamente a iniciar investigaciones contra miembros de
las FAES. La mayoría de las víctimas vivía en barrios pobres y
había participado en protestas antigubernamentales. Me preocupan
particularmente los informes que indican que las operaciones de este
tipo se utilizan como una forma de represalia e intimidación”
En
primer lugar, tratándose de una tema tan delicado es saludable que
se continúen las investigaciones; solo se aspiraría que tengan
mayor rigor y seriedad que el mostrado hasta ahora en cada uno de los
puntos tratados en el Informe en cuestión. El décimo párrafo
guarda relación con el noveno, puesto que se sobre entiende que se
hace referencia a los casos documentados, de los que se desconoce la
cifra a pesar de que la oficina de Bachelet debería llevar la
relación. Ahora bien, llama la atención la falta de precisión y
la ambigüedad con que se refieren los datos. Veamos.
“En
2018, se informó de...”, ¿quién informó?. “Otras 37 personas
fueron presuntamente
asesinadas en enero de 2019”; siendo que el asesinato es un tipo de
homicidio calificado que deja una evidencia muy concreta, es decir un
cuerpo humano muerto con señales de alevosía y/o ensañamiento
(como eso de quemar viva a una persona, por cierto), no cabe el uso
de la expresión “presuntamente asesinadas”; solo podría aplicar
para el o los presuntos asesinos, es decir que el Equipo Técnico de
la Oficina de Bachelet no parece ser muy técnico ni siquiera en la
jerga jurídica internacional. “Al parecer, algunos de estos
asesinatos ...”, es decir no están seguros pero parece que algunos
ocurren de la forma descrita. Luego está el hecho de que de una
oración a otra ya dejaron de ser presuntos asesinatos y pasaron a
ser asesinatos confirmados.
La
anteposición de la expresión “al parecer” en buen español,
afecta el sentido de toda las las oraciones que le siguen hasta tanto
no se especifique un condicionante diferente. De manera que la
lectura correcta del cada una de las afirmaciones condicionadas que
registra el informe en el décimo párrafo es la siguiente:
Al
parecer,
o sea no estamos seguros pero parece que, algunos de estos asesinatos
se han producido según un patrón similar: Al
parecer,
o sea no estamos seguros pero parece que ocurren durante
allanamientos, Al
parecer,
o sea no estamos seguros pero parece que, ilegales de domicilio
realizados, Al
parecer,
o sea no estamos seguros pero parece que, por las FAES, y, Al
parecer,
o sea no estamos seguros pero parece que posteriormente estos órganos
notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación
armada, aunque los testigos, Al
parecer,
o sea no estamos seguros pero parece que declaran que las víctimas,
Al
parecer,
o sea no estamos seguros pero parece que no portaban armamento
alguno. Al
parecer,
o sea no estamos seguros pero parece que, En determinados casos, los
parientes de las víctimas denunciaron que la Oficina del Fiscal
General, Al
parecer,
o sea no estamos seguros pero parece que se había negado
explícitamente a iniciar investigaciones contra miembros de las
FAES. Al
parecer,
no estamos seguros pero parece que, La mayoría de las víctimas
vivía en barrios pobres y, Al
parecer,
o sea no estamos seguros pero parece que, había participado en
protestas antigubernamentales.
Resulta
una irresponsabilidad mayúscula que la Alta Comisionada se base en
un supuesto procedimiento que al parecer ocurre, es decir no está
segura de que ocurre, para sustentar su dudosa preocupación sobre
“los informes que indican que las operaciones de este tipo se
utilizan como una forma de represalia e intimidación”, al parecer,
ya que no está segura.
Sobre
el undécimo párrafo en el cual señala que le “inquieta” el
aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa,
el uso de la Ley Constitucional contra el Odio para imputar a
periodistas y dirigentes de la oposición o ciudadanos disidentes,
así como la posibilidad de que ello induzca la auto-censura con
repercusiones en el derecho a la información, diré que gracias al
acceso a internet que hay en Venezuela, a pesar de que las
plataformas y redes de esos servicios son frecuentemente saboteados
con cortes de fibra óptica y de cables tanto de CANTV como Inter,
entre otros, el derecho a expresarse y a comunicar opiniones e
información se ha expandido como nunca antes. Ingrese usted,
compatriota lector, en Twiitter, Facebook o en su Whatsapp, si lo
tiene, y contemple usted mismo cómo se ha socializado el ejercicio
hasta libertino de la expresión y la comunicación, muy
especialmente contra el gobierno. Ingrese en las páginas de los
medios tradicionales de prensa, radio y televisión y compruebe que
todos están operando y funcionando, con la línea editorial que
mejor le aviene.
Ahora
bien, el ejercicio de ese derecho comporta también responsabilidades
y si se usa para delinquir, para incitar al odio, para invocar
intervenciones militares extranjeras, para desconocer la autoridad
del Estado, para atentar contra la forma republicana del mismo, para
difamar, para sembrar terror en la población o cualquier otro delito
tipificado en nuestras leyes, lo mínimo que debe hacer el Estado es
iniciar la investigación correspondiente y que cada ciudadano asuma
ante la sociedad la responsabilidad del ejercicio libre de su derecho
a expresar su opinión, informar y a estar informado.
En
diciembre de 2016 un hombre fue detenido y preso en Estado Unidos por
insultar por Facebook al presidente Trump. En mayo de 2013 un joven
de 22 años, bajo el efecto de la mariguana publicó en twitter que
iba a asesinar el presidente Obama por lo que fue procesado y preso
por seis meses, además de pedir disculpas públicas al referido
presidente. En España está penado con cárcel insultar por redes
sociales. En Argentina una joven mujer fue imputada en 2016 por
amedrentar a Macri a través de Twitter. Tales acciones, encontraron
tipificación en el ordenamiento legal de los respectivos países
mencionados y las personas que incurrieron en ellas fueron
procesadas; que ello genere auto-censura, es decir que el ejemplo del
castigo legal induzca la observancia de las normas, es precisamente
uno de los objetivos de las funciones coercitivas de la Ley cuando
sanciona los delitos.
En
Venezuela, no solo se opina libremente, sino que se miente, se
insulta, se amenaza de muerte no solo al presidente, a sus ministros,
a los dirigentes del chavismo sino también
a ciudadanos comunes por expresar su preferencia política, todo ello
impunemente, lo cual no es óbice para que cualquiera de estas
conductas que califique como delito, sea en algún momento
legítimamente procesada por los canales regulares jurisdiccionales,
tal como ocurre en cualquier país del mundo, sin que por ello
Bachelet muestre preocupación alguna.
En
el duodécimo párrafo la Alta Comisionada retoma el tema que marca
la pauta en su agenda respecto a Venezuela, antes abordado de manera
indirecta en el párrafo cuarto del informe y ahora de manera
directa, en la primera oración del párrafo número 13, donde
califica la situación venezolana de acuerdo a la categoría jurídica
de “crisis humanitaria” que se viene impulsando hace meses desde
el gobierno norteamericano. Incluso va más allá de dicho concepto
y antepone el término “vasta”, dando lo que podría ser
considerado el siguiente paso en la escalada de agresión, puesto que
después de “crisis humanitaria” la categoría que le sigue es
“catástrofe humanitaria”, por lo cual no sería de extrañar que
en el informe que presente en junio ya se comience a posicionar la
nueva clasificación, con la clara intención de facilitar la toma de
decisiones en los organismos multilaterales para la la intervención
del país.
Dice
la segunda oración del párrafo en mención que muchas de las
personas migrantes “han partido en precarias condiciones de salud y
con poco dinero, a veces sin ninguno; y sus dificultades se
multiplican por las prácticas habituales de extorsión y
confiscación empleadas por algunos agentes de fronteras”. Nótese
que al final de la oración se asienta la frase “prácticas
habituales de extorsión y confiscación empleadas por algunos
agentes de frontera”, o sea que en las fronteras de los países
receptores se matraquea a los venezolanos que intentan ingresar,
aspecto que atañe a esos países, no a Venezuela, ya que estas
prácticas violatorias de derechos son realizadas por sus agentes de
frontera. Si la referencia fuera de agentes de frontera en
Venezuela, con toda seguridad la frase final de esa oración sería:
y
sus dificultades se multiplican por las prácticas habituales de
extorsión y confiscación empleadas por algunos agentes de frontera
en los paso de salida del lado venezolano,
o simplemente agentes
venezolanos de frontera,
pero como las prácticas referidas evidentemente corresponden a los
agentes de fronteras (en plural) de otros países, se opta por no
precisar, para que el sentido captado inculpe a Venezuela también de
los agravios contra la población venezolana después que arriban a
otro país.
La
tercera oración del párrafo comentado expresa: “Asimismo, los
venezolanos se enfrentan a enormes obstáculos para conseguir la
documentación que les permita facilitar la migración ordenada y el
acceso a la educación y el empleo en otros países”, lo cual no
pongo en duda, pero debe admitirse, por otro lado, el hecho de que el
Estado venezolano habilitó lugares de atención en 22 entidades
federales para la gestión de dicha documentación y ha convertido la
cobertura de estas solicitudes en una política pública, ¿o de que
otra forma podrían haber salido a trabajar a otros países, mas de
tres millones de venezolanos, según reporta el propio Informe
Bachelet?
El
décimo tercer párrafo está dedicado a solicitar a los países
receptores disponer acciones y políticas de apoyo a la los
emigrantes venezolanos para la regularización de su estadía, la
inserción laboral, el acceso a servicios públicos y la
reunificación familiar, es decir para que se respeten sus derechos
humanos, aspecto por demás saludable del informe de la Alta
Comisionada, que no amerita mas comentarios, mas allá de la
aspiración de que Gobiernos como los del Ecuador desistan de
campañas xenofóbicas contra nuestros connacionales, que puedan
desatar persecuciones y maltratos como ocurrió recientemente, sin
que la señora Bachelet se ocupara del caso.
El
último párrafo fue consagrado a pronunciarse en favor del diálogo
para la búsqueda de soluciones acordadas que beneficien a todas las
partes, así como a exhortar a las autoridades, se supone que de la
ONU, Venezuela y los EEUU, a tomar medidas que demuestren su
compromiso real con la resolución de los numerosos desafíos
presentes en todo el país, lo que quera que ello pretenda decir.
En
resumen, se trata de 14 párrafos que contienen 51 declaraciones
específicas sobre la situación venezolana, de las cuales, siendo
benevolentes. 13 son ciertas (2 son positivas y 11 son negativas); 8
son dudosas por estar basadas en suposiciones, tal como lo refleja la
redacción del informe; 2 son medias verdades, y por tanto medias
mentiras; y 28 son falsas, esto sin contar las recurrentes omisiones
en las que se incurre y las manifestaciones de cuestionable
preocupación basadas en información falsa, dudosas o tendenciosas,
o sea que ni sumando las declaraciones ciertas, las dudosas y las
medias verdades el Informe llega a ser cuantitativa o
cualitativamente un apropiado reflejo de la situación venezolana en
materia de Derechos Humanos.
3.
La Parcialidad de Bachelet al hacerse parte de uno de los bandos en
disputa
Considerando
pues; 1) la vehemencia y prontitud de Bachelet para declarar la
culpabilidad del gobierno venezolano en uso excesivo de la fuerza y
para ordenarle que actúe en consecuencia, 2) La prudencia que ofrece
cuando se trata de eventos similares y hasta peores protagonizados
por Estados favoritos dentro del concierto capitalista internacional;
3) Las recurrentes manifestaciones de preocupación sobre los
derechos humanos en Venezuela versus el omisivo silencio frente a la
situación de derechos humanos en muchos países del mundo, incluido
el suyo propio. 4) El voluminoso uso de la versión oposicionista
venezolana versus el nulo uso de los datos e información
suministrada por el Gobierno, así como Organizaciones defensoras de
los Derechos Humanos como FUNDALATIN, como fuente de datos para
sustentar el informe sobre Venezuela; 5) La evidente renuencia a
incluir en sus informes y declaraciones referencias al impacto
negativo para la situación económica y social del país de las
medidas unilaterales violatorias del Derecho Internacional del
gobierno norteamericano contra Venezuela, queda suficientemente
sustentada la tercera y última conclusión general del presente
escrito:
Michelle
Bachelet es un actor más dentro del concierto internacional
encabezado por el gobierno de los Estado Unidos de Norteamérica para
agredir a Venezuela con miras a derrocar al Gobierno constitucional y
legítimo de Nicolás Maduro Moros y concretar su antigua aspiración
de controlar los recursos estratégicos de los que dispone nuestro
país, y al mismo tiempo sentar precedentes para dar el mismo
tratamiento a cualquier nación que pretenda iniciar procesos
independientes de desarrollo nacional por vías distintas al
capitalismo.
En
tal sentido, esperar de Bachelet una actuación distinta de la línea
marcada por el gobierno de Donald Trump no sólo es ingenuo sino
potencialmente peligroso para la estabilidad nacional de Venezuela.