Ya
me había acostumbrado a oir y leer el término “ilegítimo”
aplicado contra el Gobierno del Presidente Maduro no solo por parte
de la oposición interna sino también por todo el concierto
internacional que se ha conjurado como una especie de nueva “Santa
Alianza”, no ya feudal contra la burguesía sino ahora burgués
(capitalista) contra el socialismo, al estilo Grupo de Lima, Gobierno
Norteamericano, algunos gobiernos de Europa, Luis Almagro, entre
otros, de forma tan laxa y vacía de contenido que ni reparaba en
ello, pero el oírla de parte de algún pensador de izquierda, aún
con la salvedad de tratarse de su acepción gramsciana, me movió a
reflexión desde una perspectiva teórico-práctica marxista, si bien
somera y apretada, dado que me va pareciendo que incluso en el campo
revolucionario muchos terminan pensando las cosas desde la ideología
hegemónica del enemigo.
En
principio, toda sociedad de clases históricamente conocida ha sido
gobernada por una minoría, expresión política de la clase social
hegemónica, trátese de la sociedad esclavista, feudal o
capitalista. En estos tres tipos de sociedad de clases, la minoría
política en el gobierno es además la representación política de
una clase social minoritaria, que como minoría más organizada
apoderada de los aparatos de coercitivos del Estado y basada en su
hegemonía cultural (ideológica) ejerce el gobierno sobre el resto
de las clases sociales. Mas precisamente: el Estado esclavista fue
la forma de ejercicio del gobierno de la clase esclavista sobre el
resto de las clases (esclavos, artesanos libres, comerciantes); así
como el Estado Feudal fue la forma de ejercicio del gobierno de la
nobleza feudalista (terrateniente) sobre el resto de las clases
sociales (siervos campesinos, empleados públicos, artesanos libres,
comerciantes, esclavos); de la misma forma que el estado burgués
(capitalista, pues) es la forma de ejercicio del gobierno por parte
de la burguesía minoritaria hacia la clase trabajadora mayoritaria.
La
comprensión de esa regularidad en la historia de la humanidad llevó
a Marx a formular la propuesta de cambio civilizacional del
socialismo, y su forma específica de Estado, como el ejercicio del
Gobierno, por primera vez en la historia desde que aparecieron las
clases sociales, de la clase mayoritaria sobre las clases
minoritarias. En tal sentido, cualquier ejercicio del gobierno
legal de la expresión política de la clase trabajadora, no ya como
minoría más organizada sino como mayoría, además organizada y con
los aparatos coercitivos del Estado bajo su control, no es solo
cuantitativamente sino también cualitativamente más legítimo que
el de las clases antecesoras en el poder.
Cabe
destacar que con mayor regularidad el paso a la posición de dominio
de cada clase dirigente, incluido el ascenso de la burguesía a esa
condición, y con ello el establecimiento de cada forma de sociedad,
se dio inicialmente por medios violentos y posteriormente a través
de la hegemonía ideológica con la cual la obediencia de las clases
así gobernadas, identificada por algunos filósofos de la antigüedad
como consenso o legitimidad, se volvió parte del acervo cultural.
Solo
un breve paseo por la historia occidental nos muestra el ciclo de
confrontaciones de la burguesía ascendente contra la nobleza feudal
desde la baja edad media en toda Europa hasta la guerra civil de
Inglaterra (1642-1682), y de ahí a la Revolución Francesa (1789),
pasando por los ciclos revolucionarios de la burguesía contra el
régimen feudal en 1820, 1830 y 1848 en Alemania, España, Portugal,
Italia, Rusia y Grecia, hasta incluso la llamada “Primera Guerra
Mundial” que acaba con los últimos regímenes feudales europeos,
el zarismo ruso incluido, para corroborar que el ascenso al poder de
la Burguesía tanto en Europa como en Norteamérica (Guerra de
Independencia de 1875-1783 y Guerra Civil de 1861-1865) se alcanzó
por medios violentos, y solo después de ello impuso como parte de su
hegemonía ideológica su propia noción burguesa de legitimidad.
Pero
a diferencia de la noción esclavista y feudal de legitimidad,
fundamentada religiosamente en la supuesta voluntad divina en
relación a la coronación de los monarcas y a su derecho también de
origen divino a gobernar, la burguesía desarrolló el concepto de
legitimidad elevándolo al rango de categoría jurídico-política,
convertida hoy en parte esencial de la ideología legitimadora del
régimen burgués, desde la cual se pretende descalificar a los
movimientos revolucionarios socialistas en sus pujas por acceder y/o
mantenerse en el poder con miras a la conformación del socialismo
como nuevo tipo de sociedad.
En
el campo del pensamiento liberal burgués, para Rousseau, por
ejemplo, la legitimidad deriva de la “voluntad general” de la
población (“los sometidos al poder”) de
aceptar y/u obedecer al Estado y al Gobierno teniendo como basé un
régimen, escrito o no, que funge como especie de “contrato social”
entre los gobernados y el gobernante. Para Max Weber la legitimidad
tienen
tres fuentes, la tradición, el carisma y la racionalidad, y expresa
la capacidad de un poder de hacerse obedecer sin tener que recurrir a
la coacción implícita
en la amenaza de la fuerza, de forma tal que se tendría por legítimo
a un Gobierno que cuente con el consenso entre los
miembros de la comunidad política para aceptarlo.
En
ambos casos el concepto de legitimidad sólo sirve para explicar la
aceptación-obediencia o el rechazo-desobediencia por parte de los
gobernados partiendo de una
sociedad
y un Estado
dados,
es decir en plena vigencia, como
resultado
de la percepción
del apego o de la violación a los requisitos pautados en el régimen
(contrato social) entre gobernante y gobernados, o bien
de
la percepción de abundancia o
de carencia
de
legitimación por tradición, carisma o racionalidad,
pero no recoge el conjunto de situaciones que implican la transición
de una sociedad a otra, de un tipo de Estado a otro, regularmente
por medios violentos, durante la cual se imponen históricamente un
nuevo tipo de racionalidad, de tradiciones y de carismas; y
cuando digo se impone me refiero al uso de la coacción y la coerción
material que a fuerza de materializarse
sobre el cuerpo de los gobernados se convierte con el tiempo en
potente (auto)regulador de la conducta social, cosa que no explica la
categoría de “legitimidad” burguesa.
Mucho menos recoge tal concepto, el choque de intereses
económico-sociales y políticos de clase, antagónicos muchos de
ellos tanto cualitativa como cuantitativamente (clases mayoritarias
versus clases minoritarias).
Ahora
bien, aun remitiéndonos solo a la perspectiva burguesa de
legitimidad el Gobierno del presidente Maduro, con base
en los requisitos del contrato social entre el gobernante y los
gobernados (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela)
demostró que existió el 20 de mayo de 2018 la “voluntad general”,
expresada tanto en la mayoría de los que fuimos a votar como en los
que se abstuvieron puesto que así lo dispone nuestro contrato
social, de
aceptarlo como gobernante y ello impone, de acuerdo a las reglas de
la democracia, la obediencia por parte de los que resultaron minoría
electoralmente hablando.
Compárese
los resultados electorales que otorgaron la presidencia a Maduro
(67,84 % de votos válidos – 30,42 % del padrón electoral) con los
que llevaron a la presidencia a cualquier gobernante americano y se
verá claramente la legitimidad de origen desde el punto de vista del
derecho burgués del presidente venezolano: Colombia, Iván Duque 54
% VV – 28,70 % PE; Chile,
Sebastián Piñera 54,58 % VV – 26,46 % PE; Paraguay,
Mario Abdo Benítez 46,44 % VV – 28, 32 % PE; Panamá, Juan Carlos
Varela 39,1 % VV – 29,49 PE; Canadá,
Justin
Trudeau 39,46 % VV – 27,03 % PE;
EEUU,
Donald Trump 46,09 % VV – 27,2 % PE, caso éste que dejé de último
por el llamativo hecho de que la contendora demócrata, Hillary
Clinton, obtuvo más votos (48,18 % VV – 28,43 PE) y sin embargo el
régimen de ese país legitima que a pesar de que la “voluntad
general” escogió a una gobernante, sea otro el que acceda al
poder.
Si
basamos en Weber la acepción burguesa de legitimidad veremos
que Maduro tiene como fuentes legitimadora para el chavismo, que es
un movimiento político y social realmente existente con millones de
militantes, simpatizantes y seguidores, así
como para la población en general, la
tradición inaugurada por el comandante Chávez en torno a las ideas
del socialismo, el propio carisma del presidente en términos de los
que Weber precisaba como heroísmo o ejemplaridad
sobre todo por la capacidad de navegar en las turbulentas aguas de la
agresión imperialista norteamericana y en la legitimación racional
de en cuanto a motivaciones objetivas como los intereses materiales y
sociales que amplios sectores de la población tienen en que el
Gobierno Bolivariano de Venezuela siga desarrollando las políticas
sociales que tantos
beneficios nos han traído y que tenemos la aspiración racional de
preservar y aumentar.
Pero
es el caso que en el campo revolucionario hay también una
categorización de la legitimidad política, destacando
particularmente
las aportaciones de Antonio Gramsci, precisamente
el autor en quien se basan los izquierdistas que motivaron este
escrito con su declaración de la pérdida de legitimidad de la
revolución bolivariana.
Gramsci
recoge de la concepción burguesa la idea de legitimidad como
consenso pero otorgando un peso determinante al “complejo de las
actividades prácticas y teóricas con las cuales la clase dirigente
no sólo justifica y mantiene su dominio, sino también logra obtener
el consenso activo de los gobernados”, es decir lo que el llamó
sustento hegemónico como principios conformadores de la cultura del
pueblo (hegemonía cultural).
Para
el comentado autor esa hegemonía se da dentro de una “bloque
histórico” entendido por tal un momento histórico-social dado en
el que se corresponden a) unas relaciones materiales o estructura
económica, representada por las corporaciones privadas, a lo que
denomina sociedad civil, b) una forma de organización jurídico
política del
gobierno de la sociedad por parte de la clase hegemónica, a la que
denomina sociedad política o Estado, y c) unas formas del
pensamiento, es decir una ideología, expresión cultural de la
hegemonía de la clase dirigente. Entonces para Gramsci la
legitimidad viene dada por el consenso activo de los gobernados en
torno a la forma del pensamiento hegemónico de la clase dirigente,
de donde se deriva que es necesario producir una especie de desajuste
en el Bloque Histórico en la esfera de
la cultura logrando que la ideología de la clase trabajadora se
posicionen como principios informadores o conformadores de la cultura
del pueblo, lo que abrirá paso la hegemonía en la sociedad política
(el Estado) y en la sociedad civil (la economía), es decir a un
nuevo “bloque histórico”.
El
asunto que no precisa Gramsci, y no podría haber lo hecho, es cuándo
o en qué
condiciones cuantitativas o cualitativas se puede asumir alcanzada
la nueva hegemonía cultural, aspecto por demás importante dado que
desde 1998 el comandante Chávez inició un trabajo de promoción de
nuevas formas del pensamiento, primero nacionalista, luego
antiimperialista y posteriormente socialista, los cuales han
cristalizado en un conjunto de ideas y prácticas sociales
informadoras de la cultura emergente del pueblo, que coronaron una
victoria en la dirección del Estado (sociedad política) en 2006,
2012 y 2018, solo faltando el acople de la sociedad civil, es decir
de la estructura económica para completar la configuración inicial
de un nuevo bloque histórico, terreno en el cual se libra
actualmente una ardua lucha en la que se han conjurado en nueva
“Santa Alianza” las más portentosas fuerzas económicas,
políticas y culturales del Bloque Histórico capitalista mundial,
para tratar de proyectar hacia dentro
de la sociedad venezolana y
hacia el exterior una supuesta carencia de legitimidad que favorezca
la interrupción violenta
del proceso de conformación del nuevo bloque histórico socialista
en Venezuela.
De
modo que solo
desde una perspectiva burguesa externa a Venezuela el Gobierno
Bolivariano, podría carecer de legitimación tradicional,
carismática o racional puesto que efectivamente el proyecto
socialista del siglo XXI no se acopla con el sistema hegemónico
capitalista mundial, mas
en lo que respecta a la legitimidad histórica civilizacional, la
legitimidad burguesa nacional y la legitimidad gramsciana no existe
gobierno más legítimo en el mundo que el de Nicolás Maduro Moros.
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