El proceso
descentralizador venezolano de finales de siglo XX estuvo determinado
por la visión neoliberal de desmantelar los Estados Nacionales como
estrategia de la economía capitalista basada en las transnacionales,
para reducir las limitaciones que las regulaciones nacionales
específicas imponen a la acumulación del capital.
A pesar de ello, aún
cuando la Constitución de 1961 contemplaba la transferencia de
competencias a los estados regionales, así como la realización de
elecciones populares para la escogencia de alcaldes y gobernadores,
no fue sino hasta 1989, después del caracazo, que la élite
puntofijista admitió la realización de dichas elecciones como
acción dirigida a minimizar las presiones de la población sobre el
sistema político para desviarlas hacia persionificaciones regionales
y locales.
Es decir, con el objeto
de salvar el sistema todo, el modelo de estado burgués, erigieron
gobiernos regionales y municipales, provenientes del sufragio
universal, para desviar las exigencias del pueblo hacia dichos
actores, de manera que el reclamo por la ineficiencia y las
necesidades no cubiertas recayera en instituciones locales y
regionales y no sobre el régimen puntofijista como encarnación del
estado burgués.
Al respecto, vale la
pena recordar las premisas históricas enarboladas por los
Libertadores en torno a la más conveniente organización del
Estado, en atención a nuestras realidades nuestro-americanas. Por
Ejemplo Bolívar, en el Manifiesto de Cartagena expresó lo que
sigue:
Pero lo que debilitó más el Gobierno de Venezuela, fue la forma
federal que adoptó, siguiendo las máximas exageradas de los
derechos del hombre, que autorizándolo para que se rija por sí
mismo rompe los pactos sociales, y constituye a las naciones en
anarquía. Tal era el verdadero estado de la Confederación. Cada
provincia se gobernaba independientemente; y, a ejemplo de éstas,
cada ciudad pretendía iguales facultades alegando la práctica de
aquéllas y la teoría de que todos los hombres, y todos los pueblos,
gozan de la prerrogativa de instituir a su antojo, el gobierno que
les acomode. El sistema federal bien que sea el más perfecto y más
capaz de proporcionar la felicidad humana en sociedad es, no
obstante, el más opuesto a los intereses de nuestros nacientes
Estados.
También Miranda fue
contrario a la adopción del modelo federal descentralizado,
instalado en Venezuela como calco y copia de la Constitución de los
Estados Unidos de Norte América, de lo cual dejó constancia escrita
durante el acto de promulgación de la Constitución de 1811.
La Revolución
Bolivariana en su carácter de creación heroica de la nueva
institucionalidad que dará soporte al socialismo bolivariano,
propone un modelo de descentralización que implica, por una parte, el
fortalecimiento del Estado Nacional como estrategia de defensa de la
Soberanía Patria ante los ataques del intervencionismo imperialista
pro capitalista, y por otra, la transferencia de poder, competencias
y recursos al poder popular organizado. De esta forma se achata el
Estado rumbo a la constitución del Estado Socialista, se reduce el
papel de la burocracia intermediadora -y con ella del burocratismo-
entre el poder público nacional y el pueblo del cual emana, y se
configuran las bases políticas para la consolidación de la sociedad
socialista que la Revolución Bolivariana ha convocado a construir
como alternativa a la salvaje y destructiva sociedad capitalista.
Es importante señalar, que cualquier propuesta descentralizadora, venga de donde venga, que se oriente en la misma dirección de la que propuso el puntofijismo debe ser vista con sospecha de parte de las revolucionarias y los revolucionarios.
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